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Este 2 de junio, mientras Italia celebra los 79 años de la elección popular de la República, la fecha adquiere un sabor amargo para millones de descendientes de italianos repartidos por el mundo. Si en 1946 Italia renacía de los escombros de la guerra con promesas de igualdad y dignidad para todos sus ciudadanos, en 2025 ese mismo país ha decidido, por iniciativa parlamentaria y bajo liderazgo gubernamental, excluir a parte de sus hijos: precisamente aquellos que han mantenido vivo el lazo cultural con la patria de origen.
En un mensaje contundente difundido con motivo de la Fiesta de la República, Daniel Taddone –consejero electo en el CGIE (Consejo General de los Italianos en el Exterior) y presidente de la asociación Natitaliani– denuncia lo que define como “lecciones amargas” impuestas a los italianos en el exterior por el actual gobierno de Meloni. A partir del Decreto-Ley n.º 36 del 28 de marzo de 2025, convertido en ley con el apoyo de la mayoría parlamentaria de centroderecha, la ciudadanía italiana por descendencia ha sido fuertemente restringida, incluso con efectos retroactivos. Para Taddone, se trata de una “ofensiva autoritaria” que viola la Constitución y rompe deliberadamente el pacto entre Italia y su diáspora.
Del 28 de marzo al 2 de junio: lecciones amargas para los italianos en el exterior
Hoy, 2 de junio, celebramos la Fiesta de la República Italiana. Hace 79 años, todos los italianos fueron llamados a elegir la forma de Estado para una nación destruida por la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta a los años oscuros del fascismo y a las profundas heridas de una guerra inútil, los italianos eligieron la República.
En el referéndum del 2 de junio de 1946 votaron hombres y mujeres. Por primera vez en la historia, las italianas pudieron participar en igualdad de condiciones en la vida civil de su país. Era el preludio de lo que, un año y medio después, sería consagrado por el artículo 3.º de la Constitución de la República Italiana:
Todos los ciudadanos tienen la misma dignidad social y son iguales ante la ley, sin distinción de sexo, raza, idioma, religión, opiniones políticas, condiciones personales o sociales.
Este año, sin embargo, el 2 de junio de los italianos en el exterior tendrá un sabor especialmente amargo. El Gobierno de la República Italiana ha decidido repentinamente hacer de los descendientes de su gran diáspora en el mundo un blanco a eliminar con fuerza total e implacable.
El 28 de marzo de este año, en una conferencia de prensa, el vicepresidente del Consejo Antonio Tajani “bombardeó” a los italianos en el exterior con toda su artillería verbal: falsos italianos, oportunistas, falsificadores. Es un día que ya ha entrado en la infamia.
Con una violencia verbal inaudita, Tajani identificó y atribuyó una culpa colectiva a los descendientes de italianos en todo el mundo, e impuso una sanción: la revocación inmediata de sus derechos de ciudadanía. Al diablo con la irretroactividad de la ley, la seguridad jurídica y tantos otros principios fundamentales del Estado de derecho.
En menos de sesenta días, el Parlamento italiano, dominado por tres partidos de centroderecha –Fratelli d’Italia, Lega y Forza Italia– aprobó con amplia mayoría una modificación a la ley de ciudadanía claramente inconstitucional. Las fuerzas de oposición hablaron prácticamente solas. La mayoría parlamentaria ni siquiera se tomó la molestia de responder. Los pocos que se manifestaron optaron por repetir ad nauseam la culpabilización colectiva y la distorsión de episodios aislados convertidos en amenazas a la seguridad nacional.
Los vicios de constitucionalidad contenidos en las modificaciones introducidas por el Decreto-Ley 36/2025 son evidentes y numerosos. El primero es de carácter formal: el uso del decreto de urgencia para una materia que claramente no reviste urgencia.
Los otros vicios son de naturaleza sustancial, y el más grave es la retroactividad. El decreto introduce un nuevo artículo en la ley de ciudadanía (art. 3-bis) que dispone expresamente la revocación inmediata de los efectos de diversas normas anteriores, regresando al pasado para anular su eficacia en una ofensiva directa contra el principio tempus regit actum. E irrefutablemente, el decreto revoca el status civitatis de un número indefinido de personas por razones claramente políticas, violando el artículo 22 de la Constitución italiana.
Otro principio vulnerado es el de la confianza legítima y la seguridad jurídica. Es prerrogativa del legislador promulgar nuevas leyes, pero el respeto a la seguridad jurídica es, en palabras de la propia Corte Constitucional, un “elemento fundamental del Estado de derecho”.
El Gobierno Meloni y su mayoría parlamentaria, en un impulso sin precedentes contra los descendientes de los millones de italianos que se vieron obligados a abandonar Italia, sobre todo por hambre y pobreza, ha considerado oportuno atropellar diversos principios fundamentales de la civilización jurídica.
Este impulso autoritario del gobierno italiano ha abierto una Caja de Pandora que solo la Corte Constitucional podrá cerrar. ¡Y esperamos que lo haga sin demora!
En el mundo real, los daños provocados por este autoritarismo ya se han hecho sentir. Miles de ciudadanos han sido arrojados al limbo mientras se preparaban para presentar sus solicitudes de ciudadanía conforme a leyes vigentes que fueron modificadas de la noche a la mañana.
Los ciudadanos italianos ya reconocidos, muchos de los cuales vivían “en cuna espléndida”, creían que estas medidas autoritarias no los afectarían. Ahora empiezan a darse cuenta de las monstruosidades jurídicas producidas por el «Decreto de la Vergüenza».
Los funcionarios públicos en consulados y municipios italianos serán ahora investidos con la función de “Árbitros de la italianidad”. De hecho, nuestros consulados en el mundo se convierten ahora en verdaderos “Tribunales de italianidad”.
El nuevo inciso 1-bis introducido en el artículo 4 de la ley de ciudadanía ha transformado en extranjeros a miles de niños hijos de ciudadanos italianos ya reconocidos. Su ciudadanía italiana fue revocada de forma perentoria. A partir de ahora son “menores extranjeros” que podrán ser italianos “por beneficio de ley” si el padre o la madre son “ciudadanos por nacimiento”.
En la práctica, una niña nacida el 24 de abril de 2025, cuyos padres aún no habían podido registrarla en el consulado, perdió su ciudadanía italiana el 25 de mayo del mismo año. Desde entonces es una ciudadana extranjera que tal vez pueda volver a ser italiana si sus padres pagan 250 euros al Estado y declaran que desean que recupere la ciudadanía.
Y digo “tal vez” porque si ni el padre ni la madre son ciudadanos por nacimiento –como en el caso de quienes obtuvieron la ciudadanía por la Ley 379/2000 (ciudadanía por vía trentina)– los hijos menores ya nacidos y no registrados, así como los que aún no han nacido, están condenados a ser extranjeros sin posibilidad alguna de acceder siquiera al indulto legal previsto para otros casos.
De ahora en adelante, una de las funciones consulares esenciales será la de clasificar a los ciudadanos italianos. Los ciudadanos de “serie A” son aquellos exclusivamente italianos, sin “contaminación” de otra nacionalidad. Sus hijos serán de “serie B”, sus nietos de “serie C”. Los bisnietos, de “serie D”. Los últimos serán los italianos estériles: los ciudadanos de “serie E”.
Aquellos que lucharon durante años por obtener la ciudadanía italiana a través de la Ley 379/2000 –vigente de 2000 a 2010– y muchos de los cuales aún esperan la conclusión de los procedimientos administrativos incluso 15 años después del vencimiento del plazo, son hoy ciudadanos a medias, ya que no pueden transmitir su nacionalidad a sus descendientes.
Como se puede ver, la acción autoritaria del gobierno de Giorgia Meloni ya ha producido –y seguirá produciendo– consecuencias monstruosas. Políticamente, espero que este episodio triste en la relación entre Italia y su diáspora sirva para que muchos comprendan que, para la derecha italiana, los italianos en el exterior no forman parte de lo que entienden por “Patria”.
Probablemente las próximas elecciones parlamentarias serán en 2027. Nos corresponde a todos nosotros recordar a cada elector residente en el exterior los nombres de los partidos que nos apuñalaron por la espalda y en silencio, con el objetivo declarado de eliminarnos. No hay afiliación ideológica que justifique apoyar a esos partidos en el futuro. Espero que esta lección amarga permanezca indeleble en nuestra memoria por muchos, muchos años.