En un artículo recién publicado, un especialista advierte que la medida del gobierno Meloni rompe con la tradición histórica de Italia y amenaza los derechos fundamentales de los descendientes de italianos
El jurista italiano Giovanni Bonato, experto en derecho de ciudadanía y profesor universitario, acaba de publicar un sólido artículo técnico en el que denuncia los graves riesgos derivados del Decreto-Ley n.º 36 del 28 de marzo de 2025 — el controvertido “Decreto Tajani”, que restringe el reconocimiento de la ciudadanía italiana iure sanguinis.
Publicado en la revista especializada Judicium – Il Processo Civile in Italia e in Europa, el estudio califica los efectos del decreto como una verdadera “Gran Pérdida” de la ciudadanía italiana — expresión elegida para describir el carácter inédito, retroactivo y colectivo de la medida, que afecta especialmente a los descendientes de italianos nacidos en el extranjero.
Según Bonato, el decreto crea una situación jurídica sin precedentes, al introducir la pérdida automática, forzada y retroactiva de la ciudadanía italiana para todos aquellos que nacieron fuera de Italia, poseen otra nacionalidad y no iniciaron el procedimiento formal de reconocimiento antes del 27 de marzo de 2025.
“El gobierno italiano — que durante siglos defendió a sus emigrantes contra las naturalizaciones forzadas en el extranjero — ahora decide quitar la ciudadanía a quienes ya la poseen por derecho de sangre”, escribe el jurista. A su juicio, se trata de una medida coercitiva y contraria a los principios constitucionales italianos y a las normas europeas de protección de los derechos fundamentales.

Un precedente peligroso
El artículo también advierte sobre el riesgo de que este tipo de norma abra la puerta a un precedente peligroso: si hoy el gobierno impone la pérdida retroactiva de la ciudadanía a quienes nacieron fuera de Italia, mañana podría hacer lo mismo con otras categorías de ciudadanos.
“Sería como aprobar una ley que dijera que quienes residen en el extranjero desde hace más de 10 años ‘nunca tuvieron’ la ciudadanía italiana. El Decreto Tajani rompe con la seguridad jurídica y con la tradición de protección a los descendientes de italianos repartidos por el mundo”, explica Bonato.
El jurista recuerda que el derecho italiano siempre ha garantizado que la ciudadanía por descendencia (ius sanguinis) no depende del lugar de nacimiento, sino del vínculo familiar con un ascendiente italiano. Al ignorar este principio, el decreto representa una amenaza a la esencia misma del concepto de italianidad.
Esperanza en el Parlamento
En la parte final del artículo, Giovanni Bonato defiende que corresponde al Parlamento italiano corregir los graves errores del decreto durante el proceso de conversión en ley, actualmente en curso en Roma.
“Es necesario respetar el principio de irretroactividad y proteger los derechos adquiridos. De lo contrario, el Decreto Tajani corre el riesgo de pasar a la historia como el responsable de la mayor pérdida de ciudadanía italiana jamás registrada, afectando de lleno a los descendientes de emigrantes — precisamente aquellos que Italia siempre quiso proteger”, concluye el jurista.
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