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Han pasado exactamente 40 días desde la promulgación del Decreto-Ley n.º 36/2025 — ya apodado por juristas, parlamentarios y asociaciones de la diáspora como el Decreto de la Vergüenza — cuando la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, volvió a mencionar públicamente a América Latina. En un discurso pronunciado este miércoles ante el Parlamento, afirmó que Italia está renovando su relación con América Latina, a la que estaría profundamente ligada también gracias a una extraordinaria presencia de comunidades italianas, que consideró la mejor y más amplia red diplomática del país.
Un discurso que podría parecer un tradicional homenaje diplomático a la presencia italiana en el continente, pero que generó reacciones ambivalentes entre líderes de la comunidad ítalo-descendiente, especialmente en Brasil, el país más afectado por las nuevas restricciones a la transmisión de la ciudadanía italiana por derecho de sangre.
Palabras que contradicen los hechos – Para muchos, la declaración de Meloni contradice frontalmente las medidas adoptadas por su propio gobierno en materia de ciudadanía. El Decreto-Ley n.º 36/2025, también firmado por el presidente Sergio Mattarella, impuso límites inéditos al reconocimiento automático de la ciudadanía italiana para los descendientes nacidos y residentes en el extranjero, afectando directamente a millones de ítalo-latinoamericanos que, históricamente, han mantenido vivos los lazos culturales, lingüísticos e identitarios con Italia.
En este contexto, la frase de Meloni podría ser interpretada por juristas y activistas como retórica diplomática vacía o incluso como cinismo político.
¿Cómo puede decir que somos la mejor red diplomática y, al mismo tiempo, excluirnos del derecho a la ciudadanía? Eso hiere nuestra dignidad y la propia memoria de la emigración italiana, comentó un dirigente comunitario entrevistado por Revista Insieme.
Uso simbólico de la diáspora – Las palabras de Meloni refuerzan una tendencia ya denunciada por diversas organizaciones de la diáspora: el uso simbólico y utilitario de las comunidades italianas en el exterior. Al exaltar su importancia cultural y estratégica, el gobierno parece intentar suavizar el impacto internacional del decreto, mientras que, en la práctica, niega el reconocimiento jurídico y político a buena parte de esos mismos descendientes.
Este doble movimiento — valorización simbólica y exclusión legal — ha sido objeto de protestas públicas en ciudades como São Paulo, Porto Alegre, Roma y Reggio Calabria. También ha sido impugnado judicialmente, como en el fallo del Tribunal de Campobasso, que rechazó la aplicación retroactiva del decreto.
Un gesto tardío frente a una ruptura – Ni siquiera el momento elegido para la declaración — el 7 de mayo — pasó desapercibido para los analistas. Exactamente 40 días después del llamado Día de la Infamia, el 28 de marzo, fecha de publicación del decreto, el discurso es leído como un intento de contención simbólica de los daños causados por la nueva legislación, especialmente en las relaciones con América Latina.
Aunque el proyecto de ley de conversión del decreto aún se encuentra en trámite en el Senado, no hay señales concretas de que el gobierno esté dispuesto a retroceder en su esencia, lo que convierte, según sus críticos, la declaración de Meloni en un gesto puramente retórico.
