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En una entrevista concedida este domingo (11/05), el diputado italiano Dimitri Coin, vicejefe del grupo parlamentario de la Lega en la Cámara de Diputados, calificó el Decreto-Ley nº 36/2025 — conocido como Decreto Tajani — como un “pasticho jurídico de proporciones históricas”, que amenaza con romper los lazos entre Italia y los millones de sus descendientes esparcidos por el mundo, especialmente en América Latina.
Hablando desde Italia (Treviso es su base política en el Véneto), Coin recordó que la región fue una de las más afectadas por la emigración tras la unificación italiana. “Más de la mitad de la población del Véneto tuvo que emigrar para no morir de hambre. Fueron nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros hermanos. Negar ahora la ciudadanía a sus descendientes es un gesto que va más allá de la ley: es un golpe a la fraternidad humana”, afirmó.
Durante la entrevista concedida a Insieme, Coin también condenó duramente la actitud de algunos alcaldes italianos que, según él, están promoviendo una narrativa distorsionada contra los italo-descendientes, especialmente en la región del Véneto. Sin mencionar directamente el nombre de Camillo De Pellegrin, alcalde de Val di Zoldo, el diputado afirmó que un administrador municipal “cometió vilipendio contra la bandera brasileña” al mantenerla izada durante meses frente a la sede del ayuntamiento como forma de protesta contra los trámites de ciudadanía. “Ese gesto, en Brasil, fue entendido como una provocación. No se puede ridiculizar a un Estado soberano”, dijo Coin. Añadió además que dicho acto debería ser objeto de investigación judicial, ya que en Italia constituye delito.
Coin también cuestionó la actitud de ciertos alcaldes vénetos que, en su opinión, han perdido el sentido de la responsabilidad institucional. “Cuando un alcalde dice que representa ‘las instituciones’ y ya no a los ciudadanos que lo eligieron, se está alejando de la base democrática de su cargo”, criticó. Según él, la creciente hostilidad hacia los italo-descendientes en algunos municipios del Véneto refleja desinformación, falta de preparación e incluso desprecio por la propia historia regional. “La mitad de la población del Véneto tuvo que emigrar para sobrevivir. ¿Y ahora quieren decir que ya no son nuestros hermanos?”, cuestionó. Coin se declaró personalmente ofendido por la idea de negar la ciudadanía a quienes descienden de la diáspora véneta, la segunda más grande del mundo — “sólo detrás de la judía”, subrayó.
El parlamentario, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y Comunitarios y de la delegación italiana en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, criticó duramente tanto el contenido como el contexto del decreto. Según él, la justificación de “emergencia” utilizada en el texto — que sugiere riesgos para la seguridad de Italia y Europa debido al número de solicitudes de ciudadanía — es “una infamia estadística”: “Los italo-descendientes no son inmigrantes. Son italianos por sangre, por derecho, por historia. Es como si Israel renegara a sus judíos en el mundo”, comparó.
Coin explicó que la Lega había presentado originalmente una enmienda que eliminaba la exigencia de nacimiento en Italia para los hijos de italianos en el extranjero, intentando preservar el principio del iure sanguinis. Sin embargo, el texto aprobado en la Comisión del Senado, según él, resultó aún peor: pasó a exigir que el padre o abuelo tuviera “exclusivamente la ciudadanía italiana”, un criterio incompatible con la realidad de la diáspora y contrario a los tratados internacionales sobre doble ciudadanía. “En la práctica, eso anula el derecho de reconocimiento para casi todos. Es el ius soli disfrazado entrando por la ventana”, denunció.
Para Coin, el decreto forma parte de un intento deliberado de reformar la ciudadanía italiana por vías indirectas, utilizando a los italo-descendientes como blanco y pretexto. “Si este texto avanza tal como está, el daño político, humano y económico será irreparable”, advirtió.
Según el diputado, aún hay tiempo para introducir cambios antes de que el proyecto llegue al pleno del Senado, lo que podría ocurrir a partir del miércoles (15/05). “El gobierno puede presentar una enmienda correctiva de último momento. Y debería hacerlo. La primera ministra Meloni dijo que quiere valorar a los descendientes. Ahora tiene que demostrar que lo cree realmente”, afirmó.
Coin reveló que viene actuando junto a diputados aliados para convencer al Ejecutivo de corregir el texto antes de la votación final. Añadió que el tema fue impuesto a la mayoría por una “burocracia antigua e ideológica del Ministerio de Asuntos Exteriores”, personificada, según él, por el funcionario Stefano Soliman, quien ya había intentado introducir normas similares durante el primer gobierno de Conte — iniciativas “disfrazadas de racionalidad técnica, pero con fines políticos ocultos”, según Coin.
El diputado también mencionó el papel decisivo del exdiputado Luis Roberto Lorenzato durante ese período, cuando un decreto similar — redactado por técnicos de la Farnesina — fue retirado tras la presión parlamentaria. “Intervino directamente y logró bloquear un decreto que atacaba los derechos de los italo-descendientes”, relató Coin. Ambos mantienen una articulación constante desde entonces, también ahora en la lucha contra el Decreto Tajani. Lorenzato debería regresar a Italia esta semana, acompañado del empresario Marcelo Fragali, con el objetivo de reforzar la interlocución política con la mayoría y presionar por cambios urgentes antes de la votación final en el Senado.
El Proyecto de Ley nº 1432, actualmente en análisis en el Senado italiano para la conversión en ley del Decreto-Ley nº 36/2025 (Decreto Tajani), lleva la firma de la propia presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, junto con los ministros Antonio Tajani (Relaciones Exteriores), Matteo Piantedosi (Interior), Carlo Nordio (Justicia) y Giancarlo Giorgetti (Economía y Finanzas).
El proyecto entra ahora en una fase decisiva de su tramitación: para que el decreto se convierta en ley de forma definitiva, debe ser aprobado por ambas cámaras del Parlamento dentro del plazo constitucional de 60 días desde su publicación, ocurrida el 28 de marzo. En la Cámara de Diputados deberá pasar por dos votaciones. Por eso, los trabajos actualmente en curso en el Senado se consideran estratégicos esta semana, ya que cualquier retraso podría comprometer la revisión del texto a tiempo para evitar su caducidad.