Palabras de Mattarella sobre posibles cambios en la ciudadanía incentivan críticas y movilización en la plenaria del CGIE

La sesión plenaria del Consejo General de los Italianos en el Exterior (CGIE), que se desarrolla este martes (18/06) en Roma, estuvo marcada por una fuerte emoción y tensión política, reflejando el malestar generalizado causado por la reciente aprobación de la nueva ley sobre la ciudadanía italiana, conocida entre las comunidades de la diáspora como el “Decreto de la Vergüenza”.

El ambiente ya era de gran expectativa desde el día anterior, cuando el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, al recibir a los consejeros del CGIE en el Palacio del Quirinal, sorprendió al admitir públicamente la posibilidad de correcciones a la legislación recién aprobada. Las palabras de Mattarella, en vivo contraste con la posición defendida hasta ahora por el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, llegaron justo después del incisivo pronunciamiento de la secretaria general del CGIE, Maria Chiara Prodi, quien, en nombre del organismo, denunció las “profundas heridas” causadas por la nueva ley entre las comunidades italianas en el exterior.

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Este martes, en la plenaria del CGIE, en presencia de parlamentarios, del director general para los Italianos en el Exterior, Luigi Vignali, y del subsecretario de Estado Giorgio Silli, las críticas al Decreto continuaron de manera contundente.

Walter Petruzziello, consejero electo por Brasil y miembro del Comité de Presidencia del CGIE, abrió su intervención recordando el impacto de las palabras de Mattarella: “Sus palabras nos dieron esperanza, una esperanza que no podemos perder”, dijo dirigiéndose a los presentes. Centró su intervención en duras críticas al nuevo dispositivo que elimina la ciudadanía italiana automática por derecho de sangre (iure sanguinis) para los hijos menores de italianos residentes fuera de Italia.

Con tono indignado, calificó la medida como “la cosa más absurda que ha hecho esta ley” y cuestionó cómo el legislador pudo concebir que un hijo menor de un ciudadano italiano “ya no sea italiano por nacimiento, sino solo por un beneficio de ley, mediante el pago de 250 euros y un procedimiento burocrático”.

Petruzziello también denunció lo que considera un escenario caótico e inviable desde el punto de vista operativo en los consulados italianos, especialmente en Brasil, citando las históricas listas de espera en Curitiba y São Paulo. Según él, es irrealista esperar que miles de familias logren realizar el nuevo procedimiento dentro del plazo de un año establecido por la ley. “Imaginen lo que ocurrirá en los consulados a lo largo de este año. Actualmente apenas logran emitir pasaportes”, afirmó.

También alertó sobre la situación de miles de personas que esperan en las llamadas “listas de espera” para el reconocimiento de la ciudadanía, cuestionando cómo quedarán estos casos a la luz de la nueva legislación. “El vicedirector general de la Farnesina se sorprendió cuando le expliqué qué son las listas de espera, que afectan principalmente a países como Brasil”, relató.

Al final de su intervención, Petruzziello anunció que estará presente en la audiencia pública de la Corte Constitucional de Italia, programada para el próximo 24 de junio, que analizará la legitimidad del artículo 1º de la Ley 91/1992, base legal para el reconocimiento de la ciudadanía italiana por nacimiento.

En la misma plenaria, el sociólogo y genealogista Daniel Taddone, consejero electo por Brasil y coordinador de la comisión del CGIE dedicada al estudio de la cuestión de la ciudadanía, hizo un breve adelanto del informe técnico que se presentará a lo largo del día. Reafirmando la posición crítica de la comisión, Taddone defendió el mantenimiento del principio de la transmisión automática de la ciudadanía por nacimiento y destacó los riesgos institucionales y humanos que conlleva la nueva legislación.

Con un discurso incisivo, Taddone reiteró que la comisión se opone a cualquier intento de someter la ciudadanía de los hijos de italianos nacidos en el exterior a un proceso de adquisición por beneficio de ley. Según él, la nueva ley representa una ruptura injustificable con el vínculo histórico y jurídico que une a las nuevas generaciones de la diáspora italiana con el país de origen.

Taddone subrayó que el tema está siendo seguido con preocupación por especialistas, asociaciones y líderes políticos en Brasil y en otras partes del mundo. “La comisión es clara: la italianidad no puede transformarse en un objeto de concesión administrativa”, concluyó.

El clima en la plenaria sigue siendo de gran expectativa respecto a los próximos pasos del gobierno y del Parlamento italiano ante el creciente descontento de las comunidades en el exterior y la inminente decisión de la Corte Constitucional. Las palabras de Mattarella, aunque discretas, son vistas como una primera señal de apertura hacia una revisión de la medida, aumentando aún más la presión sobre el gobierno de Giorgia Meloni y, especialmente, sobre el ministro Tajani.

El video que acompaña esta materia utiliza imágenes amateur generadas por los propios consejeros Walter Petruzziello y Daniel Taddone durante la plenaria. A pesar de su calidad técnica limitada, fueron incluidas por su valor documental.

Las declaraciones de Mattarella tuvieron amplia repercusión en la prensa internacional dedicada a los italianos en el exterior. La propia Ansa, principal agencia de noticias de Italia, destacó el tema, subrayando que “la historia de la migración italiana es parte esencial de nuestra identidad nacional”. La agencia recordó que el Presidente de la República, al hablar en el Quirinal, evitó pronunciarse sobre el fracaso de los referendos del 8 y 9 de junio, pero abordó directamente el decreto que restringió el acceso a la ciudadanía para los descendientes de italianos. Según Ansa, Mattarella reconoció que la nueva norma generó “atención y debate en las comunidades italianas en el exterior”, además de provocar “desorientación”. Por ello, afirmó, será necesario “seguir con atención la reflexión que se abrirá sobre el tema” con el objetivo de favorecer una “meditada consideración y, eventualmente, una reconsideración” de las normas aprobadas.