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Al final de su exposición preliminar, la relatora de los casos en análisis, la jueza Emanuela Navarretta, preguntó al abogado Marco Mellone si la nueva ley de ciudadanía italiana se aplicaría también a los procesos en curso y si bastaba con haber presentado la solicitud antes del 27 de marzo para eludir las nuevas restricciones. Con ello, indicó que la Corte Constitucional italiana deberá pronunciarse también sobre la compatibilidad constitucional de las nuevas normas de ciudadanía italiana, es decir, el “Decreto de la Vergüenza” convertido en ley por el Parlamento recientemente.
Como primer acto de la sesión presidida por Giovanni Amoroso, la relatora Navarretta expuso detalladamente el contenido de las órdenes de remisión de los tribunales de Bolonia, Roma, Milán y Florencia, que habían cuestionado, ya antes de la promulgación del “Decreto de la Vergüenza”, la atribución de la ciudadanía italiana sin límites generacionales.
En respuesta a la pregunta de Navarretta, hecha al final de la sesión tras las intervenciones de todos los abogados, el jurista Marco Mellone leyó el texto de la nueva norma y defendió la naturaleza originaria del derecho a la ciudadanía (el estatus de ciudadano italiano iure sanguinis nace “cuando el hijo sale del vientre de la madre”, es decir, en el momento del nacimiento, independientemente de cualquier acto del Estado), mientras el abogado Diego Corapi discrepó, afirmando que el reconocimiento formal del Estado es etapa esencial del proceso y que el legislador puede imponer límites constitucionales.
El presidente declaró al final que la Corte se pronunciará sobre todas las cuestiones planteadas, en fecha aún no definida. Antes, Amoroso había preguntado si las partes intervinientes deseaban intervenir oralmente sobre la admisibilidad de sus solicitudes, pero respondieron que estaban presentes solo por respeto al tribunal y que no intervendrían.
Ante un tribunal colmado como nunca en su historia, tras el anuncio de las “ordinanze” en examen, Navarretta expuso que los tribunales de Bolonia, Roma, Milán y Florencia cuestionan la constitucionalidad de la atribución automática de la ciudadanía italiana iure sanguinis sin límites generacionales, describiendo las propuestas de cada uno: Bolonia propone un límite de dos generaciones (salvo prueba de residencia de al menos dos años en Italia), Roma limita el reconocimiento automático al caso de prueba directa de la ciudadanía del padre o madre, Milán compara el caso con la disciplina de los cónyuges de ciudadanos italianos (donde se exige prueba de integración como conocimiento de la lengua), y Florencia reclama la necesidad de un vínculo cultural efectivo. Todos argumentan que la norma actual viola los principios de razonabilidad, proporcionalidad y soberanía popular, citando el impacto de millones de potenciales ciudadanos residentes en el extranjero.
En el sitio de la Corte Constitucional hay un resumen del desarrollo de la sesión, iniciada a las 9:35 del 24/06. También se menciona la abstención del juez Massimo Luciani, recién nombrado, que antes había elaborado un dictamen jurídico sobre el tema. Aunque la Consulta informa que no transmite en vivo sus sesiones, en este caso aparentemente hubo una excepción. El enlace de la emisión en vivo aún está activo. Este es el relato completo de la Corte: