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El proceso legislativo aún no está concluido y, en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, continúan las discusiones sobre la reorganización del Ministerio de Asuntos Exteriores y la creación de una nueva dirección general en Roma. Con esta observación, el diputado Toni Ricciardi (Partito Democratico), elegido en la Circunscripción Europa, abrió su intervención en el Convegno Nazionale sulla Cittadinanza Italiana iure sanguinis dopo la riforma del 2025, celebrado este jueves (02/10) en la Universidad de Siena y transmitido en directo y en exclusiva por la Revista Insieme.
Participando por videoconferencia, Ricciardi destacó que su grupo parlamentario presentó más de 230 de las 245 enmiendas al proyecto, logrando retrasar su tramitación y obtener algunas concesiones, como la prórroga de dos años para la entrada en vigor de la medida, la reducción de los plazos de 48 a 36 meses (con la meta de llegar a 24) y la previsión de la emisión del documento nacional de identidad electrónico para todos los inscritos en el AIRE en cualquier municipio de Italia.
Aun reconociendo la desconfianza generalizada hacia el Parlamento, Ricciardi defendió que la batalla política debe continuar. Recordó que en mayo, cuando se votó la conversión del Decreto-Ley n.º 36/2025, denunció en el pleno que aquella fecha sería recordada como “el día de la vergüenza”, pues representaba el corte de las raíces de Italia con su historia y con su identidad ligada a la emigración.
Ricciardi criticó duramente al ministro Antonio Tajani, a quien calificó como “el peor ministro de Asuntos Exteriores de la historia republicana”, responsabilizándolo de lo que consideró ignorancia jurídica y legislativa que dio origen a la actual ley. Según él, la reforma multiplicó arbitrariamente las categorías de ciudadanos, transformando la ciudadanía en un “riesgo legislativo”, en el que las personas son tratadas como piezas de un juego.
Entre los efectos más perversos, citó la exigencia de registrar a los recién nacidos en un plazo de doce meses para evitar que hermanos de una misma familia terminen con ciudadanías diferentes, la introducción de una tasa de 250 euros para la inscripción de menores nacidos en el exterior y la gran confusión generada en los consulados y pequeños municipios, ahora obligados a verificar múltiples ciudadanías de quienes solicitan la transmisión del derecho.
Para Ricciardi, esta lógica niega la propia historia de la emigración italiana. “Cuando Italia era un país de hambrientos, fueron esos emigrantes con maletas de cartón los que permitieron que la nación sobreviviera y se convirtiera en una potencia mundial. Negar la ciudadanía a sus descendientes es no reconocer esa deuda histórica”, afirmó.
Concluyendo su intervención, el diputado defendió que la lucha contra la ley de ciudadanía debe proseguir “hasta el último día hábil de esta legislatura”, no solo en el Parlamento, sino también en los medios de comunicación, en las universidades y en las escuelas, como forma de garantizar el respeto al principio del ius sanguinis y la transmisión automática de la ciudadanía italiana a los descendientes.