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La abogada ítalo-argentina Monica Restanio, presidenta de la Associazione Avvocati Uniti per la Cittadinanza Italiana (AUCI), afirmó este jueves (02/10), en una intervención por videoconferencia en el Convegno Nazionale sulla Cittadinanza Italiana iure sanguinis dopo la riforma del 2025, que la batalla por la ciudadanía de los hijos menores convivientes regulados por la Ley 555 de 1912 (01/07/1912 – 15/02/1992) será llevada a las Sezioni Unite de la Corte di Cassazione. El evento tuvo lugar en la Universidad de Siena y fue transmitido en vivo y en exclusiva por la Revista Insieme.
Restanio subrayó que la decisión de incluir también el recurso que ella patrocina en el juicio de la Corte fue tomada hace pocos días por el primer presidente de la Cassazione, el consejero Pasquale D’Ascola, a partir de una instancia presentada el 18 de septiembre. El caso involucra a hijos de madre italiana emigrada. Lo extraordinario de este caso es que produjo decisiones judiciales contradictorias: uno de los hermanos fue reconocido como ciudadano italiano en 2016, mientras que al otro se le negó la ciudadanía tras el cambio jurisprudencial iniciado en 2017.
Según la abogada, se trata de una situación emblemática que expone una lesión al principio de certeza del derecho creada por la nueva e inesperada interpretación de la ley. “El mismo contexto familiar generó decisiones opuestas solo en razón de un repentino giro jurisprudencial”, afirmó. Para ella, la cuestión central es garantizar que el artículo 7 de la Ley n.º 555 de 1912 siga asegurando al hijo menor conviviente el derecho a conservar el status civitatis, derecho reconocido durante más de un siglo por la doctrina, la jurisprudencia y la praxis administrativa.
Restanio criticó el uso indebido de un precedente de la Cassazione de 2011 — relativo a la adopción de un menor libanés — como fundamento para decisiones posteriores que aplicaron la pérdida de la ciudadanía en casos de hijos menores iure sanguinis y extranjeros ius soli. Según ella, esta interpretación “desnaturalizó” la tradición consolidada, poniendo en riesgo a cientos de miles de familias.
En su exposición, explicó que la jurisprudencia de mérito y de legitimidad de los últimos años desatendió el tratamiento diferenciado previsto históricamente por el legislador entre las hipótesis de adquisición originaria de la ciudadanía (ius sanguinis e ius soli) y las hipótesis de adquisición derivativa u otro tipo de doble ciudadanía no regulada por el art. 7 de la Ley 555/1912. “El legislador de 1912 quiso proteger al hijo criado en un entorno familiar italiano, preservándole la ciudadanía incluso frente a la naturalización del progenitor”, salvo que, como ultima ratio, la familia se trasladara a un tercer país y el padre, durante la minoría de edad del hijo, se naturalizara allí extranjero, afirmó.
Para Restanio, la decisión de las Sezioni Unite tendrá una repercusión decisiva no solo sobre los procesos judiciales en curso, sino también sobre la aplicación administrativa de la ley, ya que desde el 13 de octubre de 2024 la circular del Ministerio del Interior n.º 43437 empezó a imponer requisitos contrarios a la práctica histórica, pacífica y uniformemente respetada por la misma Administración y los órganos de la justicia. “Es una batalla jurídica, pero también de justicia, porque está en juego la identidad de miles de descendientes que no pueden ser privados arbitrariamente de su italianidad”, concluyó.
La participación de Restanio reforzó en Siena el peso de la abogacía ítalo-descendiente en el enfrentamiento contra la reforma de la ciudadanía. Junto a figuras como Marco Mellone, Giovanni Bonato y Daniel Taddone, su intervención subrayó que la lucha ahora se traslada al terreno de la Suprema Corte, donde diferentes tesis jurídicas disputarán la definición de un principio que podrá marcar el futuro de la ciudadanía italiana iure sanguinis.