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El abogado y profesor Giovanni Bonato, socio fundador de la asociación Natitaliani, afirmó este jueves (02/10), en el Convegno Nazionale sulla Cittadinanza Italiana iure sanguinis dopo la riforma del 2025, que la reforma de la ciudadanía representa una “gran pérdida colectiva” y contiene “múltiples vicios de inconstitucionalidad”. El encuentro tuvo lugar en la Universidad de Siena, en el Aula Franco Romani, con la organización del Centro Europa Direct en colaboración con Natitaliani y el Dipartimento degli Studi Aziendali e Giuridici, y fue transmitido en vivo y en exclusiva por la Revista Insieme.
Según Bonato, la nueva ley está marcada por la retroactividad, que genera pérdida automática y colectiva de la ciudadanía; por la discriminación contra ciudadanos con doble nacionalidad, en contravención con la legislación de 1992; por las restricciones desproporcionadas impuestas a los hijos menores nacidos en el exterior; y por la inversión de la carga de la prueba en los procesos judiciales.
Agregó además el carácter punitivo del contributo unificato individuale de 600 euros introducido por la Ley de Presupuesto de 2025, que convirtió los procesos de ciudadanía en los más costosos de todo el sistema judicial italiano. “Estamos ante una legislación punitiva, con claro intento de desalentar a los ítalo-descendientes de recurrir a la justicia para proteger sus derechos”, afirmó.
Rechazando la tesis oficial del gobierno, según la cual no habría pérdida de ciudadanía sino solamente “preclusión retroactiva”, Bonato sostuvo que se trata de una revocación automática y retroactiva, comparable a episodios históricos en que regímenes autoritarios suprimieron la ciudadanía de determinados grupos. “El gobierno evita hablar de pérdida porque sabe que la pérdida automática retroactiva es inconstitucional y contraria al derecho europeo”, señaló, recordando que la medida afecta a derechos “adquiridos desde el nacimiento”.
El jurista subrayó que incluso entre quienes defienden una actualización de la ley existe consenso sobre la ilegitimidad del método utilizado, con una reforma impuesta por sorpresa, mediante decreto, en violación de las reglas elementales de aplicación de la ley en el tiempo. “Viola el principio de confianza legítima, en un sistema que regía desde hace más de 150 años”, explicó, evocando el Código Napoleónico de 1804, la Ley de 1912 y la Ley de 1992 como base histórica de ese principio.
En otro pasaje de su intervención, Bonato acusó a la reforma de tener como objetivo explícito a los italianos en el exterior. “Es claro el diseño político: crear un pueblo de solo italianos nacidos en Italia, marginando a los ciudadanos AIRE”, dijo. Recordó además que la ley de 1992 había consolidado la doble ciudadanía como un derecho y que ahora el decreto introduce una ciudadanía exclusiva que viola la Constitución y la libertad de emigración.
También criticó el nuevo régimen impuesto a los menores, que obliga a los padres a registrar el nacimiento en el consulado dentro de los 12 meses para garantizar la ciudadanía del hijo. Consideró el mecanismo “arcaico y discriminatorio”, sobre todo porque exige la presencia física de ambos padres en consulados muchas veces situados a miles de kilómetros, además del pago de tasas en moneda europea.
Bonato anunció que varios abogados — entre ellos Ballatore, Celotto, Corapi, Caridi, Restanio y De Simone — ya integran junto con él un amplio colegio de defensa que llevará la cuestión a la Corte Constitucional, cuya audiencia está prevista para marzo o abril de 2026. También defendió que la materia sea sometida a la Corte de Justicia de la Unión Europea, ante las evidentes violaciones del derecho europeo.
Concluyendo su intervención, afirmó que la ley nacida del Decreto-Ley n.º 36/2025 debe ser vista como un “conjunto de medidas punitivas e ilegítimas” y reafirmó la confianza en que la Corte Constitucional italiana declarará su inconstitucionalidad.