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El proyecto crea un órgano nacional en Roma para tramitar solicitudes de ciudadanía iure sanguinis, modifica las reglas del AIRE y redefine las competencias de los consulados. Las comunidades en el exterior temen mayor distancia y lentitud en los procedimientos
La Cámara de Diputados de Italia aprobó el lunes 13 de octubre el proyecto de ley A.C. 2369-A, que reforma ampliamente la estructura y las competencias de los servicios consulares italianos en todo el mundo. El texto, titulado “Disposiciones para la revisión de los servicios para los ciudadanos y las empresas en el exterior”, fue aprobado como proyecto vinculado a la maniobra financiera de 2025 y ahora pasa al Senado.
La medida, compuesta por siete artículos, reconfigura profundamente la relación entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional (MAECI), los consulados y los ciudadanos italianos residentes fuera de Italia. Entre los puntos centrales destacan la creación de un nuevo servicio nacional de ciudadanía, la modernización del AIRE, la introducción de la “doble legalización” de documentos extranjeros y nuevas disposiciones sobre pasaportes y tarjetas de identidad electrónicas.
El proyecto fue aprobado con amplio margen sobre la mayoría exigida (116 votos), incluso sin contar a los 68 diputados en misión. La suma de 144 votos a favor frente a 87 en contra y 5 abstenciones confirma que el texto contó con un sólido apoyo de la mayoría gobernante, probablemente con los votos de Fratelli d’Italia, Lega y Forza Italia, mientras que la oposición (PD, M5S, AVS, +Europa) votó en bloque en contra.
El cambio más sensible para los ítalo-descendientes es el previsto en el artículo 1 del proyecto: la retirada de los consulados de la función de tramitar las solicitudes de reconocimiento de la ciudadanía italiana iure sanguinis. Estos expedientes pasarán a ser examinados exclusivamente en Roma por un nuevo Servicio para la Reconstrucción de la Ciudadanía Italiana, órgano de nivel directivo general dentro del MAECI.
Los consulados seguirán siendo competentes únicamente para confirmar el mantenimiento de la ciudadanía de quienes ya fueron reconocidos y para reconocer la ciudadanía de los menores hijos de italianos ya reconocidos.
Las solicitudes de los ciudadanos mayores de edad deberán enviarse por correo postal, en papel, directamente al nuevo servicio ministerial, sin posibilidad de envío electrónico. El gobierno justifica esta exigencia para garantizar la autenticidad de los documentos y evitar la sobrecarga de los sistemas digitales en la fase inicial.
Durante el período transitorio (2026–2027), los consulados podrán seguir recibiendo solicitudes, pero limitadas a un número anual equivalente a los expedientes concluidos el año anterior. La nueva estructura empezará a operar el 1 de enero de 2028.
El plazo oficial para la conclusión de los expedientes aumentará de 24 a 36 meses. Según la exposición de motivos, la ampliación es necesaria ante el elevado volumen potencial de solicitantes. El Ministerio también podrá contratar operadores privados especializados para la gestión y digitalización de las solicitudes, con costos a cargo de los usuarios.
Doble legalización – El artículo 2 reintroduce expresamente el sistema de “doble legalización” para los documentos emitidos en el extranjero y válidos en Italia. La norma exige que el documento sea primero legalizado por la autoridad local del país de emisión y luego por la representación consular italiana competente.
La medida busca uniformar la práctica consular y facilitar la verificación de autenticidad, evitando que cada consulado deba mantener extensas listas de firmas locales. Para los ciudadanos, la novedad formaliza un procedimiento ya habitual, ahora con base legal clara.
Integración de registros – El artículo 3 actualiza la ley de 1988 que creó el Registro de los Italianos Residentes en el Extranjero (AIRE), integrándolo en el Registro Nacional de la Población Residente (ANPR). El objetivo es unificar las bases de datos y reducir las discrepancias entre los registros consulares y municipales.
La reforma también determina que los municipios comuniquen directamente a los consulados los cambios de residencia y las cancelaciones, sin intermediación del Ministerio del Interior; eleva de dos a tres las verificaciones censales negativas exigidas para la cancelación por “inubicabilidad”; actualiza las categorías de quienes no pueden inscribirse en el AIRE, incluyendo personal regional destinado a la Unión Europea, militares y funcionarios de organizaciones internacionales notificadas; y crea un nuevo artículo 9-bis, que permite la inscripción voluntaria para quienes trabajan en el exterior en instituciones europeas o en organizaciones de la sociedad civil reconocidas, siempre que mantengan domicilio fiscal en Italia.
Pasaporte e identidad – Los artículos 4 y 5 introducen cambios complementarios: modernizan la normativa sobre pasaportes, con ajustes procedimentales; regulan que la tarjeta de identidad sea válida para viajar al exterior, salvo motivos legales para la denegación o retirada del pasaporte; y autorizan a los italianos inscritos en el AIRE a solicitar la tarjeta de identidad electrónica (CIE) directamente en los municipios italianos, según reglas conjuntas del Ministerio del Interior y del MAECI.
El proyecto también reorganiza internamente el MAECI, creando nuevos cargos y redistribuyendo los recursos recaudados con el contributo consolare de ciudadanía (actualmente 600 euros por solicitud). Los importes se centralizarán y redistribuirán del siguiente modo: 50% para los consulados, con el fin de reforzar los servicios y reducir los atrasos; 25% para el fondo de personal del MAECI; 25% para el funcionamiento de oficinas y estructuras en el exterior.
Además, el Ministerio podrá contratar hasta 87 nuevos empleados a partir de 2026, entre directivos, técnicos y asistentes, para garantizar el funcionamiento del nuevo sistema.
Impacto – La centralización en Roma representa un cambio histórico en la política consular italiana. Desde la posguerra, el reconocimiento de la ciudadanía por descendencia se trataba localmente en los consulados, cercanos a las comunidades ítalo-descendientes. Ahora, ese vínculo directo será sustituido por un modelo administrativo central.
Para los millones de ítalo-brasileños que esperan en la fila de la ciudadanía, el cambio suscita preocupaciones por la distancia, la complejidad postal y la ampliación del plazo oficial a 36 meses. Expertos advierten de posibles nuevos cuellos de botella y del debilitamiento del vínculo entre los ciudadanos y las representaciones locales.
El gobierno, por su parte, defiende la medida como parte de un proceso de racionalización y modernización, con promesa de eficiencia y uniformidad de criterios, hoy muy distintos entre las diversas sedes consulares.
Próximos pasos – Tras la aprobación en la Cámara, el texto pasa al Senado de la República, donde podría sufrir nuevas modificaciones antes de la promulgación definitiva. Si también es aprobado por los senadores, entrará en vigor en 2025, con aplicación gradual hasta 2028.
Mientras tanto, organizaciones de italianos en el exterior, sindicatos del personal consular y entidades como Natitaliani y el CGIE ya se movilizan para evaluar los efectos de la reforma en la atención a los ciudadanos y en el futuro de la ciudadanía italiana en el mundo.