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En la audiencia histórica del 24 de junio, en la Corte Constitucional Italiana, el abogado Diego Corapi fue el tercer orador de la defensa — después de Marco Mellone y Antonio Achille Cattaneo — representando a la Asociación AGiS (Associazione Giuristi Iure Sanguinis). Corapi defendió el ius sanguinis como derecho originario, vinculado a la tradición familiar y a la identidad italiana, afirmando que imponer restricciones o límites al principio distorsiona su naturaleza jurídica y viola derechos fundamentales.
Criticó la imposición de lo que llamó “prueba diabólica” al solicitante de la ciudadanía: una exigencia de demostrar no solo la regularidad de sus documentos, sino también la ausencia de cualquier obstáculo o sospecha, incluidos hechos negativos — algo jurídicamente imposible, que crea una trampa burocrática y viola principios constitucionales de justicia. Corapi destacó que la ciudadanía no debe ser tratada como concesión del Estado, sino como reconocimiento de un derecho preexistente.
En su intervención, también denunció el uso de decretos legislativos apresurados para imponer barreras al reconocimiento de la ciudadanía, criticando la inversión de la carga de la prueba y advirtiendo que tales medidas resultan en exclusión, discriminación y deshumanización de millones de descendientes de italianos. Según Corapi, esta práctica transforma el derecho en privilegio para pocos y pone en riesgo la legitimidad de la relación entre el Estado italiano y su diáspora.
La audiencia, seguida por asociaciones y abogados que defienden a los ítalo-descendientes, analizó la cuestión de inconstitucionalidad planteada por cuatro tribunales regionales (Bolonia, Roma, Florencia y Milán) contra normas que restringen la ciudadanía iure sanguinis. Corapi concluyó pidiendo respeto al derecho originario y denunciando que el intento de transformar el procedimiento en proceso de naturalización hiere la historia, la cultura y el principio de continuidad familiar que sustentan el propio concepto de nación italiana.