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Quienes siguen el debate sobre el Decreto-Ley n.º 36/2025 — conocido entre los ítalo-descendientes como el “Decreto de la Vergüenza” — se enfrentan a una pregunta recurrente: ¿por qué nadie tiene acceso al texto de la defensa presentada por la Avvocatura dello Stato, el órgano que representa jurídicamente al Gobierno italiano, en el proceso que tramita ante la Corte Constitucional?
La respuesta está en el propio funcionamiento de la justicia constitucional italiana. Todos los procesos sometidos a la Corte están sujetos a un estricto régimen de reserva procesal, establecido en el Reglamento de Procedimiento de la Corte Constitucional.
Esto significa que las piezas procesales — como las memorie difensive y los atti di costituzione — no son públicas mientras el juicio esté en curso. Durante esta fase, solo los magistrados de la Corte y los abogados formalmente constituidos tienen acceso al contenido del expediente.
El objetivo es garantizar que las decisiones se tomen con absoluta independencia, sin interferencias de campañas de opinión, presiones políticas o filtraciones parciales fuera de contexto.
Solo después de la audiencia pública y de la deliberación final, la Corte publica un resumen oficial de las posiciones de las partes, conocido como resoconto sommario dell’udienza. Más adelante, en la sentencia definitiva, se mencionan —aunque de forma sintética— las principales tesis jurídicas de cada lado.
En otras palabras: hasta el pronunciamiento de la Corte, el proceso vive en un espacio de silencio institucional, donde prevalece la lógica jurídica y no la mediática. Este sistema, que puede parecer excesivamente cerrado a quienes provienen de democracias más “transparentes”, forma parte de la tradición jurídica italiana, que valora el decoro, la sobriedad y la imparcialidad en el ejercicio de la justicia constitucional.
Casos célebres bajo el mismo régimen de secreto
El secreto que rodea el Caso Turín no es una excepción: se trata de una práctica consolidada de la Corte Constitucional italiana. Diversos procesos de gran repercusión nacional e internacional siguieron exactamente el mismo protocolo de reserva.
El caso Berlusconi (2009) – Cuando la Corte examinó la ley que otorgaba inmunidad judicial al entonces primer ministro Silvio Berlusconi, las defensas del Gobierno y de las partes se mantuvieron completamente reservadas. Solo después de la publicación de la sentencia —que declaró la norma inconstitucional— se supo que la Avvocatura había defendido la necesidad de la inmunidad para garantizar la estabilidad institucional.
El caso Cappato (2019) – En el juicio sobre el suicidio asistido, que involucró al activista Marco Cappato, todas las memorias de la Avvocatura y de la defensa fueron mantenidas bajo estricta reserva por la sensibilidad ética y religiosa del tema. Solo después del fallo se conoció que el Estado defendía la plena constitucionalidad de la prohibición penal.
Los decretos de la pandemia (2021) – Las acciones que cuestionaban las restricciones impuestas durante la emergencia sanitaria del Covid-19 también tramitaron bajo reserva procesal total. La Corte justificó la medida para “evitar interpretaciones políticas prematuras”, revelando luego que la Avvocatura había defendido los decretos con base en el principio de proporcionalidad.
El caso Englaro (2008–2009) – Otro ejemplo emblemático fue el proceso sobre la suspensión de tratamiento médico a Eluana Englaro, que conmovió al país. A pesar de la intensa cobertura mediática y del involucramiento directo de la Iglesia Católica, las piezas procesales permanecieron inaccesibles hasta el pronunciamiento final.
El caso Rosatellum (2017) – En el análisis de la ley electoral italiana, conocida como Rosatellum, la Corte blindó el proceso para preservar la serenidad de la deliberación en un contexto preelectoral. Solo tras la lectura de la decisión se conocieron las líneas argumentativas de la Avvocatura.
Estos ejemplos demuestran que, incluso frente a presiones políticas, éticas o mediáticas, la Corte Constitucional italiana mantiene el mismo principio: proteger la independencia de su deliberación y el decoro de la justicia constitucional, preservando el debate jurídico dentro de las salas y no en las páginas de los periódicos.
Entre el silencio y la transparencia
En casos como el del Decreto-Ley n.º 36/2025, esta reserva procesal puede frustrar la curiosidad de periodistas, estudiosos y ciudadanos. Pero es importante comprender que no se trata de falta de transparencia, sino de una elección metodológica: proteger la serenidad del juicio hasta el pronunciamiento definitivo.
Las informaciones que circulan antes de la decisión —sean declaraciones de abogados, notas oficiales o análisis académicos— deben entenderse como interpretaciones externas, no como reproducciones fieles del expediente. En el fondo, se trata de una opción civilizatoria: sacrificar la visibilidad inmediata en favor de la imparcialidad del juicio constitucional.