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Está confirmado: el presidente de la Corte di Cassazione — la Suprema Corte de Italia — fijó para el 13 de enero de 2026, a las 10 de la mañana, una audiencia pública de las Sezioni Unite, el máximo órgano de la justicia civil italiana.
La audiencia se celebrará en el Aula Magna de la Corte, en Roma (Piazza Cavour), y abordará dos casos con potencial de repercutir en todo el sistema jurídico italiano y afectar a millones de descendientes de italianos en el exterior.
Aunque uno de los temas en discusión se refiere a la antigua norma sobre la pérdida de ciudadanía de menores (Ley n.º 555/1912), el tema central de la audiencia terminará siendo la retroactividad del llamado “Decreto de la Vergüenza” — el Decreto-Ley n.º 36/2025, convertido en la Ley n.º 74/2025 —, cuya aplicación ha generado gran controversia y es considerada por los especialistas como uno de los cambios más profundos y debatidos en la historia de la ciudadanía italiana iure sanguinis.
Los procesos en examen se refieren a familias ítalo-estadounidenses a las que se les negó el reconocimiento de la ciudadanía italiana en primera y segunda instancia, con base en el artículo 12, párrafo 2, de la Ley n.º 555/1912, que preveía la pérdida automática de la ciudadanía italiana de los hijos menores cuando el padre o la madre se naturalizaban extranjeros.
La defensa fue conducida por el abogado italiano Marco Mellone, PhD y autor de diversas obras sobre ciudadanía, quien solicitó que el asunto fuera remitido a las Sezioni Unite, dada su importancia y su impacto colectivo.
Según Mellone, “la audiencia tendrá lugar a las 10 de la mañana, en el Aula Magna de la Corte di Cassazione en Roma, Piazza Cavour. Ese día el máximo órgano de la justicia civil en Italia analizará las siguientes cuestiones: preliminarmente, la aplicabilidad retroactiva del Decreto-Ley n.º 36/2025. Los dos casos fueron presentados mucho antes de la entrada en vigor del Decreto Tajani, pero, como expliqué en la Conferencia de Siena, en la audiencia del 27 de mayo de 2025 en la Corte de Cassazione (pocos días después de la entrada en vigor de la ley de conversión n.º 74), provoqué a la Suprema Corte para que analizara también la aplicabilidad, en el caso concreto, de este ius superveniens — aunque la ley, en teoría, no perjudique los casos presentados antes del 29 de marzo de 2025. Debido a la importancia del tema, la Suprema Corte aceptó y se pronunciará preliminarmente sobre esta cuestión, estableciendo con precisión cuáles son los límites temporales de la nueva ley (por ejemplo, si se aplica a personas que ya habían adquirido la ciudadanía desde el nacimiento). Esta decisión también repercutirá en el proceso de constitucionalidad planteado por el Tribunal de Turín, ya que la Suprema Corte aclarará de manera definitiva la cuestión de la retroactividad de la nueva ley, que es también el problema constitucional planteado por el Tribunale di Torino”.
En la práctica, los procesos de Mellone llegaron a las Sezioni Unite por la cuestión de fondo sobre la pérdida de ciudadanía de menores, pero el abogado aprovechó la tramitación para solicitar que la Suprema Corte incluyera también el análisis de la retroactividad del Decreto de la Vergüenza, incluso cuando los casos fueron presentados antes de la entrada en vigor de la nueva ley.
La Corte aceptó la solicitud, reconociendo la relevancia jurídica del tema, y decidió que esta discusión se tratará como cuestión preliminar, antes del examen de fondo del artículo 12.2 de la Ley n.º 555/1912.
La importancia de este análisis se debe al propio efecto del Decreto Tajani que, al redefinir los criterios de transmisión de la ciudadanía iure sanguinis, terminó privando de la condición de ciudadanos italianos a millones de descendientes ya reconocidos o nacidos con tal estatus, como si hubieran sido “rebajados” (declassati) de una condición originaria a la de simples extranjeros.
La cuestión que examinarán las Sezioni Unite será, por lo tanto, si el texto de 2025 debe interpretarse solo de forma prospectiva, aplicándose exclusivamente a los casos futuros.
Según Mellone, el segundo punto de análisis será “la validez y la aplicabilidad del artículo 12.2 de la Ley n.º 555/1912, es decir, del mecanismo de pérdida de la ciudadanía italiana en caso de naturalización del padre o de la madre durante la minoría de edad del hijo. Más precisamente, se examinará si este mecanismo es constitucional, dado que el menor perdía la ciudadanía sin quererlo, y si se aplica también en el caso de que el menor ya fuera ciudadano del país de naturalización del padre o de la madre desde su nacimiento (iure soli). Se trata de una cuestión que involucra a un número enorme de personas — mucho mayor que el de los descendientes afectados por la Gran Naturalización brasileña — ya que entre el 60 y el 70% de los emigrantes italianos a Estados Unidos, y en menor medida a otros países de emigración italiana, se naturalizaron durante la minoría de edad de sus hijos”.
De acuerdo con Mellone, se trata de un hecho de enorme relevancia, “ya que las decisiones de las Sezioni Unite de la Corte di Cassazione son, de hecho, ley en Italia. Expresan principios de derecho que son aplicados por todos los jueces italianos y que muchas veces influyen también en la actividad administrativa — como ocurrió con la sentencia de la Gran Naturalización, aplicada por el Ministerio del Interior — y en la propia actividad política. Después de la nueva ley sobre ciudadanía aprobada por la mayoría política en el Parlamento, que provocó tanto malestar, finalmente los descendientes podrán contar con una ‘ley de ellos’, que sin duda estará en conformidad con el derecho y los principios jurídicos, ya que será adoptada por el máximo órgano de la jurisdicción civil en Italia”.