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Una cuestión preliminar planteada por la Abogacía del Estado podría frustrar la expectativa mundial en torno al juicio sobre el Decreto Tajani
La Corte Constitucional podría ni siquiera examinar el fondo del llamado “caso Turín”, si prevalece una de las cuestiones preliminares que habrían sido planteadas por la Abogacía del Estado, órgano que representa al Gobierno italiano.
De confirmarse, la tesis podría frustrar la expectativa de millones de ítalo-descendientes que esperan una decisión definitiva sobre la constitucionalidad del Decreto-Ley n.º 36/2025 — conocido como Decreto Tajani o Decreto de la Vergüenza, que restringe severamente el reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia.
Según información que circula entre abogados y estudiosos del tema, la Abogacía del Estado habría sostenido, en un escrito presentado el 7 de octubre de 2025, que la cuestión de constitucionalidad planteada por el Tribunal de Turín sería “inadmisible”, porque el proceso que la originó fue presentado antes de la entrada en vigor del decreto impugnado.
El punto central de la tesis del Gobierno sería cronológico: el proceso de ciudadanía en Turín fue presentado el 28 de marzo de 2025, mientras que el Decreto-Ley n.º 36/2025 fue publicado ese mismo día, pero entró en vigor el 29 de marzo, según el artículo 2 del propio texto.
Con base en ello, la Abogacía estaría sosteniendo que el juez de Turín no podría haber aplicado la nueva norma al caso concreto y, por lo tanto, no habría tenido fundamento para cuestionar su constitucionalidad ante la Corte.
En otras palabras, el Estado italiano estaría diciendo: “si la ley aún no existía, no hay nada que juzgar sobre ella.”
Según la tradición jurídica italiana, la Corte Constitucional solo puede analizar la constitucionalidad de una norma relevante para el caso en cuestión.
Si la ley impugnada no incide directamente en el proceso —por ejemplo, porque aún no estaba en vigor—, la Corte declara la cuestión inadmisible y cierra el procedimiento sin entrar en el fondo.
Esa posibilidad abre un escenario sorprendente: el proceso más esperado del año en Italia —y quizás el más importante de la historia reciente de la ciudadanía iure sanguinis— podría terminar sin que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad del Decreto Tajani.
El precedente de Palermo
El argumento de la Abogacía encuentra eco en una decisión anterior del Tribunal de Palermo, cuya sentencia n.º 2517/2025, de 9 de junio, declaró expresamente que el Decreto 36/2025 “fue publicado el 28 de marzo y entró en vigor al día siguiente”, excluyendo su aplicación a un caso iniciado el 28/03.
En esa ocasión, el juez siciliano consideró que la norma no podía tener efecto retroactivo sobre un proceso ya presentado.
Ahora, según fuentes, el mismo razonamiento estaría siendo invocado por el propio Gobierno —pero con el efecto inverso: para impedir que el texto del Decreto sea sometido al control de la Corte Constitucional.
De confirmarse, la iniciativa representaría un giro procesal inesperado.
El caso de Turín —que durante meses simbolizó la esperanza de ver el Decreto Tajani juzgado por el máximo órgano de la justicia italiana— podría ser descartado por una cuestión formal, antes de que la Corte aborde el contenido de la ley.
La noticia provocó perplejidad entre juristas y asociaciones de ítalo-descendientes, que ven en esta maniobra un intento del Gobierno de evitar el juicio de fondo y ganar tiempo, en un momento en que crecen las críticas al carácter discriminatorio y retroactivo de la norma.
Información filtrada desde Italia
La posibilidad de una maniobra procesal del Gobierno fue también mencionada por el grupo @noisiamodiscendenti, en una publicación en Instagram.
En el texto, escrito en español y ampliamente compartido entre comunidades ítalo-descendientes, se lee:
Una noticia filtrada desde Italia revela un giro inesperado en el “Caso Torino”, el primero que cuestiona la constitucionalidad de la nueva ley de ciudadanía italiana.
Según trascendió, la Abogacía del Estado —que representa al Gobierno italiano— habría solicitado archivar la causa, alegando que la demanda fue presentada un día antes de la entrada en vigor del Decreto-Ley n.º 36/2025.
De confirmarse, esta maniobra impediría que la Corte Constitucional analice el fondo de la cuestión, es decir, la legitimidad de la ley que restringe el reconocimiento de la ciudadanía por derecho de sangre (ius sanguinis).
Las asociaciones de descendientes en el exterior observan con atención este movimiento, conscientes de que el fallo del “Caso Torino” marcará un precedente histórico para millones de ítalo-descendientes en el mundo.
La publicación refuerza el clima de expectativa e incertidumbre en torno al proceso y muestra cómo el “Caso Turín” ha superado el ámbito jurídico, convirtiéndose en tema de movilización global entre las comunidades ítalo-descendientes.
Plazo vencido
El plazo para la presentación de las “memorias defensivas” expiró el 7 de octubre.
Se sabe que la Abogacía presentó su defensa dentro del plazo, pero el contenido del documento aún no ha sido hecho público.
Hasta el momento, la Corte Constitucional no ha confirmado ni desmentido la existencia de una solicitud formal de inadmisibilidad.
En Roma, sin embargo, el asunto ya domina los círculos jurídicos y diplomáticos relacionados con la cuestión de la ciudadanía italiana.
Los especialistas hablan de un posible “golpe de escena”, capaz de retrasar el examen judicial del Decreto de la Vergüenza durante varios meses.
Otros caminos
Incluso si el caso de Turín llegara a ser declarado inadmisible, otras remisiones de tribunales italianos ya están camino de la Corte Constitucional, incluyendo las de Bolonia, Milán y Campobasso.
En Campobasso, una sentencia de junio reconoció la ciudadanía a descendientes nacidos en el extranjero, rechazando expresamente la aplicación retroactiva de la nueva ley.
Estos casos muestran que el tema no morirá con Turín, pero el eventual aplazamiento del juicio por parte de la Corte Suprema podría prolongar la incertidumbre y el sufrimiento de miles de familias que esperan una definición final.
En última instancia, la gran pregunta es: ¿decidirá la Corte Constitucional sobre la Constitución o sobre el calendario?
Mientras tanto, el destino de una de las leyes más controvertidas de los últimos años permanece en suspenso, y el mundo ítalo-descendiente espera, en un silencio tenso, saber si el “caso Turín” será el comienzo de una nueva era o simplemente un proceso que murió en la víspera de su propio juicio.