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En medio de un clima de fuerte tensión política, pero también de renovada esperanza, la primera plenaria del Consejo General de los Italianos en el Exterior (CGIE) celebrada desde la aprobación de la nueva ley sobre ciudadanía italiana – conocida entre las comunidades de la diáspora como el “Decreto de la Vergüenza” – ha comenzado a producir sus primeras respuestas institucionales. Aunque los trabajos de la asamblea, iniciada el 16 de junio y aún en curso en Roma, solo concluirán oficialmente el próximo día 20, ya se ha dado una importante señal política: la aprobación, por amplia mayoría, de una Orden del Día que pide la revisión de puntos centrales de la nueva legislación.
El contexto de esta plenaria es especialmente cargado de simbolismo y expectativas. El 17 de junio, los consejeros del CGIE fueron recibidos por el Presidente de la República, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal. En un gesto que sorprendió a muchos observadores, el Jefe de Estado reconoció públicamente la existencia de “atención, debate e incluso desorientación” entre los italianos en el exterior respecto a la nueva ley, admitiendo por primera vez la posibilidad de una “meditada consideración y, eventualmente, una reconsideración” de las medidas adoptadas.
Las palabras de Mattarella llegaron un día después de la contundente intervención de la Secretaria General del CGIE, Maria Chiara Prodi, quien, representando oficialmente al organismo, había hablado de “heridas profundas” abiertas por la nueva ley en las comunidades italianas en el mundo. Prodi pidió que las instituciones italianas escuchen con seriedad las voces de los ciudadanos en el exterior, que se sienten excluidos y desconsiderados.
Otro aspecto que aumenta la tensión institucional es el hecho de que el CGIE sea, por ley, un órgano presidido por el Ministro de Asuntos Exteriores – actualmente Antonio Tajani – y que, a pesar de ello, no haya sido siquiera consultado durante el proceso de elaboración y aprobación del decreto que modificó la Ley de Ciudadanía Italiana. Este desprecio institucional, ya motivo de críticas anteriores, se ha hecho aún más evidente a lo largo de la plenaria, profundizando el abismo político e institucional entre el ministro y el colegiado.
Durante los debates, que contaron con la presencia de parlamentarios, del Director General para los Italianos en el Exterior, Luigi Vignali, y del Subsecretario de Estado Giorgio Silli, los consejeros analizaron el impacto concreto de la nueva ley. Tras manifestaciones de protesta y fuerte indignación por parte de representantes electos en diferentes continentes (aunque también hubo quienes defendieron las medidas), se aprobó una Orden del Día con propuestas legislativas concretas.
El documento aprobado propone al Parlamento italiano: la eliminación de las restricciones a la transmisión de la ciudadanía italiana por parte de los residentes en el exterior que ya sean ciudadanos italianos; la eliminación de las limitaciones impuestas a los italianos que también poseen otra nacionalidad; el fin de cualquier plazo máximo para la presentación de solicitudes de reacquisición de la ciudadanía por parte de quienes la perdieron debido a legislaciones anteriores; el reconocimiento del derecho a la ciudadanía italiana a los ítalo-descendientes que demuestren un vínculo cultural y lingüístico con Italia; el reconocimiento del derecho a presentar solicitud de reconocimiento de la ciudadanía a todas las personas que, hasta el 27 de marzo de 2025, ya estuvieran inscritas en las listas de espera de las representaciones consulares, incluso si aún no tuvieran una fecha asignada; y la solicitud de datos estadísticos detallados sobre el reconocimiento de la ciudadanía italiana, incluidos los valores recaudados desde 2014 a través de las tasas previstas en el apartado 7-bis de las tablas consulares.
La aprobación de la Orden del Día representa un paso significativo en la movilización política de los italianos en el exterior, en un momento en que crece la presión internacional sobre el gobierno de Giorgia Meloni y, en especial, sobre el ministro Tajani, considerado el principal responsable de la nueva legislación.
El CGIE continuará reunido hasta el 20 de junio y la expectativa ahora también se centra en la audiencia pública programada para el 24 de junio en la Corte Constitucional italiana, que analizará la constitucionalidad de disposiciones centrales de la actual legislación sobre ciudadanía.