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Reafirmando en el Congreso de Siena la crítica que ya venía expresando en distintos ámbitos, el presidente de Natitaliani, Daniel Taddone, dijo hoy (02/10) que la reforma de la ciudadanía italiana dividió a los ciudadanos en clases. El Convegno Nazionale sulla Cittadinanza Italiana iure sanguinis dopo la riforma del 2025 se celebró en el Aula Franco Romani de la Universidad de Siena, organizado por el Centro Europa Direct en colaboración con Natitaliani y el Departamento de Estudios Empresariales y Jurídicos, y fue transmitido en directo y en exclusiva por la Revista Insieme.
En la apertura, Taddone se presentó como ítalo-brasileño con una larga experiencia en la comunidad italiana, recordando su paso por organismos consulares y su actuación como presidente de Comites y, más recientemente, como consejero del CGIE. Explicó que su intervención no tenía carácter académico, sino de testimonio personal, fruto de tres décadas acompañando las dificultades de la diáspora en el acceso al reconocimiento de la ciudadanía.
Recordó que siempre defendió la necesidad de actualizar la ley, pero sin renunciar a principios fundamentales como la irretroactividad y la certeza del derecho. “Nosotros, descendientes de emigrados italianos, nacemos italianos, y cualquier reforma debería respetar invariablemente la irretroattività della legge y los rapporti giuridici esauriti que están en la base de la transmisión de la ciudadanía italiana iure sanguinis”, afirmó.
Para Taddone, lo sorprendente es la magnitud del cambio aprobado. “Ni yo, ni ningún otro italiano en el exterior, podríamos haber imaginado que un gobierno de la República Italiana, con el aval de su Parlamento, llegara a aprobar una reforma tan drástica y violenta como la promovida por el Decreto-Ley 36, convertido en la Ley 74 de 2025”, declaró.
En el centro de su crítica, Taddone señaló lo que definió como “la modificación más perversa”: la categorización de los ciudadanos en clases. Explicó que la nueva ley creó cinco niveles de ciudadanía, de la A a la E, basados en criterios arbitrarios de residencia o de registro consular. Con ello, ciudadanos que antes tenían plenos derechos fueron “declassati”, impedidos de transmitir la ciudadanía a sus propios hijos mayores o incluso viendo la ciudadanía de los hijos menores revocada de manera retroactiva.
Taddone citó casos concretos de familias que vieron a recién nacidos privados de la ciudadanía solo porque la inscripción se produjo tras la entrada en vigor de la ley, mientras que hermanos mayores, registrados pocos días antes, mantuvieron el derecho. Señaló además la contradicción de situaciones en las que un hijo fue excluido de la ciudadanía, pero el cónyuge de su madre italiana aún puede obtenerla por concesión. Para él, se trata de distorsiones que revelan el objetivo manifiesto de la reforma: “declassare i cittadini italiani residenti all’estero affinché non possano più trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti, anche a costo di sacrificare l’articolo terzo della Costituzione italiana”.
La intervención de Taddone terminó con un llamado a las instancias superiores de la magistratura. Ante el cierre de las puertas de la política, dijo que la esperanza de justicia de las comunidades italianas en el exterior recae ahora únicamente en los tribunales. “Las puertas de la política están cerradas, no hay nada más que esperar del actual gobierno ni de nuestro Parlamento. Todas nuestras esperanzas de justicia se dirigen por tanto a las cortes superiores. Nosotros, los molinos incómodos para el poder de turno, no podemos sino desear que haya jueces en Roma.”
El Congreso de Siena continuó con las intervenciones del diputado Fabio Porta, que criticó el abuso de la decretazione d’urgenza, y de Toni Ricciardi, que analizó los efectos de la reforma sobre los hijos menores de italianos nacidos en el exterior. Entre los juristas participaron Marco Mellone, Monica Restanio, Giovanni Bonato, Claudia Antonini, Karine Boselli, Daniele Mariani, Maristella Urbini y Filippo Dami, con la moderación de la abogada Flavia Di Pilla.
La intervención de Taddone marcó el tono inicial del encuentro al insistir en que la italianidad no puede transformarse en un privilegio condicionado por decretos de emergencia. Para el presidente de Natitaliani, la reforma de 2025 no solo restringe derechos, sino que hiere la propia esencia de la ciudadanía italiana como vínculo histórico, jurídico y moral de la nación con sus descendientes repartidos por el mundo.