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Si la reciente decisión del Tribunal de Caltanissetta ya había sonado como una advertencia para los ítalo-descendientes que presentaron apresuradamente solicitudes de ciudadanía ante la justicia italiana, la sentencia dictada en Roma en abril de 2025 elevó la señal roja a otro nivel. Una familia brasileña que solicitaba el reconocimiento de la ciudadanía iure sanguinis no solo fue derrotada en el fondo, sino que también fue condenada a pagar € 7.616,00 en costas procesales —casi el doble de lo fijado semanas antes en Caltanissetta, donde los autores fueron condenados a pagar € 3.809,00.
En el caso romano, el juez Marco Giuliano Agozzino, de la 18ª Sección Civil, destacó que la familia no presentó documentación suficiente en la demanda inicial, limitándose a comprobar de forma incompleta la existencia del ascendiente italiano nacido en 1882. Solo en marzo de 2025, con el proceso ya en curso, intentaron subsanar las lagunas aportando certificados de matrimonio, defunción y prueba de no naturalización. El magistrado, sin embargo, aplicó con rigor las nuevas reglas procesales introducidas en 2024: las pruebas esenciales deben presentarse desde el primer momento, salvo supuestos muy restringidos. Así, los documentos tardíos fueron desestimados y la solicitud de ciudadanía rechazada.
Lo que más llama la atención, sin embargo, es la cuenta final. El juez detalló honorarios por cada fase —estudio, introducción, tramitación y decisión—, sumó las partidas y además añadió un 15% de gastos forfettarios, además de impuestos. El resultado: una condena superior a siete mil euros que, convertidos a reales, superan los cuarenta mil. Para familias que a menudo sacrifican ahorros para costear el proceso, el impacto es devastador.
Estas dos decisiones —Caltanissetta y Roma— parecen confirmar una tendencia: la carrera por iniciar demandas a finales de 2024, con el objetivo de beneficiarse de las tasas aún antiguas, podría haberse convertido en una trampa. Muchos solicitantes, ansiosos por “asegurarse un lugar en la fila”, presentaron demandas incompletas, con la esperanza de poder complementar la documentación más tarde. Ahora, las consecuencias se muestran severas: no solo la pérdida del caso, sino también la condena en costas que, dependiendo del tribunal, puede ser bastante elevada.
La disparidad entre los valores fijados en Caltanissetta (€ 3.809) y en Roma (€ 7.616) revela además otro punto de preocupación: la falta de uniformidad en los criterios de condena. Para los abogados que siguen estos casos, esto significa que la imprevisibilidad es doble: no solo no se sabe si la demanda será aceptada o no, sino también cuál será el monto de la cuenta en caso de derrota.
Aunque aún no existen estadísticas consolidadas sobre cuántos procesos encajan en esta situación, las primeras sentencias ya dejan claro un nuevo escenario: la justicia italiana es menos tolerante con las demandas mal instruidas, y los costos de la imprudencia pueden ser altísimos. Para los ítalo-brasileños que consideran la ciudadanía como un derecho y un patrimonio familiar, la lección es inequívoca: preparar el proceso con seriedad desde el inicio no es solo recomendable —es vital para evitar que el sueño de la doble ciudadanía termine en frustración y deuda.
