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Con solo 119 senadores presentes y 118 votantes, el Senado de la República Italiana aprobó en la tarde de este jueves (15/05) el proyecto de ley para convertir en ley el Decreto-Ley nº 36 del 28 de marzo de 2025, conocido como Decreto Tajani, que impone nuevas y severas restricciones al reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia (iure sanguinis). Hubo 81 votos a favor, 37 en contra y ninguna abstención. El texto pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde las votaciones ya están programadas para los días 19 y 20 de mayo.
La sesión estuvo marcada por discursos contundentes, cuestionamientos a la constitucionalidad del decreto y acusaciones de oportunismo político por parte del gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni. La oposición denunció el uso de un decreto-ley para reformar de forma apresurada y sin el debido debate un tema de gran complejidad histórica, jurídica y humana.
Uno de los discursos más destacados fue el del senador Marco Lombardo (Azione), quien acusó al gobierno de crear los “esodati della cittadinanza italiana” — una nueva categoría de personas privadas retroactivamente de su derecho a la ciudadanía. “La sangre no es agua”, declaró, denunciando la ruptura del vínculo con millones de descendientes de italianos en el mundo. “Están diciendo a los italianos en el exterior que ya no son bienvenidos, que el derecho al que tenían acceso ya no vale —y retroactivamente”, afirmó. Lombardo calificó el decreto de potencialmente inconstitucional y alertó sobre un “litigio judicial gigantesco”.
En su intervención, Lombardo lanzó una fuerte advertencia sobre la probable inconstitucionalidad del Decreto Tajani, argumentando que el texto aprobado viola principios fundamentales al negar retroactivamente un derecho que, según la legislación vigente hasta entonces, se adquiría automáticamente por nacimiento. Según él, el gobierno “abre el camino al mayor litigio judicial de la historia republicana”, al revocar derechos ya consolidados sin respeto al debido proceso legal. El senador advirtió que, en lugar de resolver un supuesto problema administrativo de sobrecarga en consulados y embajadas, el decreto simplemente traslada el problema a los tribunales, provocando una avalancha de demandas judiciales y una gran inseguridad jurídica para miles de descendientes de italianos en el mundo.
La senadora Musolino reforzó la crítica a la retroactividad del decreto, calificándolo de “falcidia brutal” contra los derechos ciudadanos y recordando que muchos procesos quedaron paralizados por fallos del propio Estado. “No es culpa del ciudadano si el consulado le dio una cita después del 27 de marzo”, afirmó. También condenó la introducción de una tasa de 250 euros para procesos de reacquisición de ciudadanía, calificándola de “impuesto indebido” destinado únicamente a “recaudar fondos” a costa de los italianos en el exterior.
También en tono crítico, el senador Parrini acusó al gobierno de usar la legislación como instrumento de represalia política contra los electores en el exterior, que en las últimas elecciones votaron mayoritariamente por el centro-izquierda. “Están quitando derechos a personas que tienen vínculos reales con Italia”, dijo.
En contraste, senadores del oficialismo como Occhiuto y Pirovano defendieron la medida como necesaria para frenar abusos y “restaurar el valor de la ciudadanía”. Para Occhiuto, la ciudadanía “no es un certificado, sino un pacto de responsabilidad”. Pirovano (Lega), aunque reconoció la complejidad del tema, afirmó que el decreto buscó un equilibrio entre el derecho de sangre y la necesidad de evitar fraudes. “Hicimos lo posible por mejorar el texto, a pesar de los límites de tiempo y forma”, declaró.
El senador Menia (Fratelli d’Italia) cerró la sesión con un extenso discurso de tono nacionalista y espiritual, comparando la ciudadanía con una herencia que debe ser “reconquistada”. Volvió a denunciar lo que llamó la “Black Friday de la ciudadanía italiana” y atacó los “negocios millonarios” de agencias que explotarían el reconocimiento por descendencia. Según él, “no se puede seguir con este mercantilismo”.
A pesar de las enmiendas introducidas en la Comisión de Asuntos Constitucionales — como la apertura de una ventana para el reingreso de exciudadanos y una salvaguarda para los procesos iniciados antes del 27 de marzo —, los discursos de la oposición y de algunos parlamentarios oficialistas mostraron que la votación fue más un compromiso circunstancial que un consenso real.
Ahora, las expectativas se trasladan a la Cámara de Diputados, donde la oposición promete movilizarse para bloquear o al menos modificar profundamente el texto. “Lo que se aprobó hoy es un corte profundo en el vínculo histórico que une a Italia con su diáspora”, declaró el senador Cataldi (Movimento 5 Stelle). Para él, el decreto “empequeñece a Italia frente a su propia historia”.
La nota está acompañada por el video completo del Senado con la grabación de la sesión en la que fue aprobado el Decreto-Ley n.º 36/2025 — conocido como Decreto Tajani. El material audiovisual, subtitulado en portugués con la ayuda de inteligencia artificial, permite al público brasileño seguir los discursos más destacados de los senadores, incluidos Lombardo, Musolino, Parrini, Borghese, Menia y otros protagonistas del intenso debate parlamentario sobre la ciudadanía italiana iure sanguinis.