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Una reciente decisión del Tribunal de Caltanissetta puso de manifiesto un fenómeno que se intensificó en los últimos meses: la prisa de muchos italo-descendientes por iniciar acciones judiciales para el reconocimiento de la ciudadanía italiana iure sanguinis antes de la entrada en vigor de las nuevas tasas consulares y judiciales previstas en la Ley de Presupuesto de Italia.
En el caso juzgado el 21 de julio de 2025 por el juez Marcello Testaquatra, una familia brasileña vio rechazado su pedido de reconocimiento de la ciudadanía porque presentó la mayor parte de la documentación fuera del plazo procesal. En la demanda inicial, presentada en diciembre de 2024, los solicitantes habían adjuntado solo el certificado de nacimiento del antepasado italiano, y de forma incompleta. Recién cinco meses después —con el proceso ya en marcha— intentaron complementar el expediente con certificados de matrimonio, defunción y prueba de no naturalización.
El juez consideró esa documentación tardía y, por lo tanto, inutilizable. Sin pruebas válidas, la solicitud fue rechazada y los autores condenados al pago de € 3.809,00 en costas procesales, además de impuestos y tasas legales. Se informa que también el Tribunal de Roma estaría fallando en el mismo sentido.
La sentencia es emblemática porque muestra cómo la carrera precipitada a los tribunales, motivada por el intento de evitar los costos más altos anunciados por el gobierno italiano, puede convertirse en un tiro por la culata. Muchos solicitantes, ansiosos por “asegurarse un lugar en la fila”, iniciaron acciones sin haber reunido toda la documentación necesaria. Ahora, además de ver rechazadas sus pretensiones, pueden salir del proceso con una pesada carga económica.
Cabe recordar que, hasta hace pocos años, la propia Corte de Casación italiana se había pronunciado en sentido contrario. En 2021, en el marco del procedimiento sommario di cognizione (art. 702-bis c.p.c.), los jueces de Roma afirmaron que era admisible la presentación de documentos incluso después del depósito inicial de la demanda, hasta la primera decisión del magistrado.
Con la reforma procesal introducida en 2024, sin embargo, las reglas se endurecieron: en el rito ahora aplicado a las causas de ciudadanía prevalece la preclusión inmediata, es decir, todos los documentos deben presentarse ya en la demanda inicial. La sentencia de Caltanissetta revela precisamente este cambio de paradigma: de un sistema más flexible a otro mucho más rígido, con consecuencias severas para quienes no se preparan desde el comienzo.
Aún no existen datos oficiales sobre cuántos procesos se encuadran en esta situación, pero abogados especializados señalan que el fenómeno no es aislado. En varias secciones especializadas en inmigración, sobre todo en el sur de Italia, en los últimos meses se han multiplicado los recursos presentados apresuradamente, muchos de ellos con documentación deficiente. La decisión de Caltanissetta, por lo tanto, funciona como una advertencia severa: intentar sortear el aumento de tasas sin cumplir con los requisitos formales puede resultar en una doble penalización —la pérdida del caso y el peso de las costas.
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