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Dada la «extrema importancia de las cuestiones jurídicas involucradas», la Corte Suprema de Casación de Italia decidió aplazar la audiencia de las Sezioni Unite que estaba programada para el 13 de enero de 2026. La información fue confirmada por el abogado Marco Mellone, patrocinador de la causa, en un comunicado enviado a Revista Insieme poco antes del mediodía de este martes (28/10).
De acuerdo con la Secretaría de la Presidencia de la Corte Suprema — afirma Mellone — los magistrados solicitaron más tiempo para estudiar los autos y preparar adecuadamente la audiencia, considerando la relevancia de los temas en discusión, que involucran directamente el régimen jurídico de la ciudadanía italiana por derecho de sangre (iure sanguinis).
Según Mellone, el aplazamiento «certifica la centralidad de esta decisión en la historia reciente de la ciudadanía italiana por derecho de sangre». En los últimos días, observa, un número elevado de personas —incluidos periodistas de varios países— se puso en contacto con la Corte Suprema para obtener información sobre la sesión. Se espera que la Aula Magna esté completamente ocupada el día del juicio.
La nueva fecha será anunciada en las próximas semanas y deberá ocurrir entre febrero y marzo de 2026.
La audiencia de las Sezioni Unite es considerada decisiva, ya que podrá establecer una interpretación uniforme y vinculante sobre cuestiones actualmente controvertidas en los tribunales, con impacto potencial sobre miles de ítalo-descendientes en Brasil y en el mundo.
Mientras tanto, se aguarda la fijación de la audiencia ante la Corte Constitucional, para el juicio de la “ordinanza” de Turín, que cuestiona aspectos centrales de la legislación vigente en materia de ciudadanía.
Paralelamente, según informa el abogado Giuseppe Pinelli, el Tribunal Administrativo Regional del Lacio (TAR Lazio) fijó para el próximo 12 de noviembre la audiencia relativa a un recurso contra la Circular n.º 26.185 del Ministerio del Interior, instrumento que habría “inventado” la figura de la ciudadanía por beneficio de ley en el marco del llamado Decreto de la Vergüenza (Ley n.º 74 del 23 de mayo de 2025). Dependiendo del resultado, el tema podría también ser remitido a la Corte Constitucional.
Anoche, la abogada Maria Stella La Malfa explicó, en la Chiacchiera en la que participó también el presidente de Natitaliani, el sociólogo Daniel Taddone, detalles sobre la “ordinanza” del Tribunal de Mantua que, en composizione collegiale —es decir, mediante la expresión de su pleno colegiado—, al analizar la negativa de transcripción civil de un menor de edad por parte de un municipio italiano, planteó cuestión de constitucionalidad sobre la Ley italiana n.º 74/2025, que convirtió con modificaciones el Decreto n.º 36 del pasado 28 de marzo (el Decreto de la Vergüenza).