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A solicitud de la Primera Sección, las Sezioni Unite de la Corte Suprema (Cassazione) podrían juzgar, posiblemente aún este año, una controversia relacionada con la ciudadanía italiana iure sanguinis. En discusión, la pérdida automática de la ciudadanía italiana de hijos menores de emigrantes — precisamente un tipo de caso afectado por las nuevas y polémicas reglas de la Ley n.º 74/2025, que convirtió en ley el llamado Decreto Tajani, o “Decreto de la vergüenza”.
Por segunda vez desde la histórica sentencia de 2009 que reconoció el derecho a la ciudadanía italiana transmitida por vía materna, las Sezioni Unite de la Corte Suprema de Casación de Italia podrían volver a pronunciarse sobre el reconocimiento de la ciudadanía iure sanguinis. El asunto fue remitido por la Primera Sección a la Presidencia de la Corte, que deberá decidir si corresponde su atribución al examen de las Sezioni Unite, órgano máximo encargado de uniformar la jurisprudencia italiana.
La información fue confirmada por el abogado Marco Mellone, patrocinador de las dos demandas que dieron origen al pedido, relativas a una familia estadounidense. En nota enviada a la Revista Insieme, Mellone afirma que “la ciudadanía italiana iure sanguinis vuelve a las Sezioni Unite de la Corte di Cassazione”, señalando la posibilidad de que el tema sea debatido en sesión plenaria todavía en 2025 — aunque aún no se haya anunciado una fecha oficial.
El nuevo juicio se refiere a la aplicación del artículo 12, párrafo segundo, de la antigua Ley n.º 555 de 1912, que trata de la pérdida de la ciudadanía italiana de hijos menores cuando uno de los padres adquiere otra nacionalidad. “Estamos hablando – ejemplifica Mellone – del caso del emigrante italiano que adquirió la nacionalidad brasileña cuando su hijo, nacido en Brasil y ciudadano brasileño desde el nacimiento, aún era menor de edad (21 años hasta 1975).”
Las dos decisiones interlocutorias (aquí e aquí los archivos emnPDF), publicadas por la Primera Sección Civil de la Corte Suprema hace tres días (el 18 de julio de 2025), reconocen expresamente la existencia de una divergencia interpretativa y solicitan que la Presidencia de la Corte evalúe el envío del asunto a las Sezioni Unite, conforme lo solicitado por el Ministerio Público y los propios recurrentes.
“Se trata de una noticia relevante, ya que impacta a un número enorme de descendientes de emigrantes italianos (principalmente en los Estados Unidos, pero también en Argentina y otros países) que tuvieron que adquirir la ciudadanía del país de emigración para poder trabajar,” afirma Mellone. “El número de potenciales interesados en esta futura decisión de las Sezioni Unite de la Corte de Casación es mucho más alto que el de los descendientes involucrados en el caso de la ‘gran naturalización brasileña’.”
Para el jurista, la importancia del juicio también se debe al hecho de que la Corte Suprema ya se había pronunciado de forma unánime en contra del reconocimiento de la ciudadanía en estos casos — y ahora podría estar reconsiderando su posición. “Raramente la Corte Suprema cambia de opinión después de varias sentencias unánimes sobre el mismo tema,” observa Mellone.
Uno de los puntos más delicados, según el jurista, es que ambas decisiones mencionan directamente la nueva Ley n.º 74 de 2025, que convirtió en ley el Decreto-Ley n.º 36 de 2025 — medida apodada “Decreto de la Vergüenza”. La Corte de Casación vislumbra la posibilidad de que las nuevas reglas puedan ser aplicadas a procesos aún pendientes, anteriores a la entrada en vigor de la norma. “Incluso la Corte Suprema plantea dudas sobre la aplicabilidad de las nuevas reglas de ciudadanía a los casos ya pendientes antes de la entrada en vigor del ‘Decreto Tajani’ y solicita que el asunto sea debatido por las Sezioni Unite,” destaca el abogado.
“Se trata de una confirmación adicional de la necesidad de que la Corte Constitucional se pronuncie cuanto antes sobre la aplicabilidad de la nueva ley a los casos anteriores a su vigencia y, sobre todo, sobre su inconstitucionalidad,” concluye.
En ambos procesos, los tribunales inferiores habían negado el reconocimiento de la ciudadanía a descendientes de italianos cuyo padre (nacido en Estados Unidos en 1931 y 1933, respectivamente) habría perdido la ciudadanía italiana en la minoría de edad, en virtud de la naturalización de la madre — emigrante italiana — en los años 1940. Ambas sentencias, ahora impugnadas, se basaron en la tesis de que la pérdida de la ciudadanía del progenitor se extendería automáticamente al hijo menor, aunque este ya hubiera adquirido la nueva ciudadanía iure soli al nacer.
El punto de inflexión ahora está en la interpretación del verbo “adquirir” utilizado en el artículo 12, que según Mellone y los recurrentes no puede entenderse como “poseer desde el nacimiento”. Las decisiones reconocen que dicha interpretación plantea una duda legítima y profunda sobre la corrección de la línea jurisprudencial dominante en Italia hasta el momento.
Los jueces también recuerdan que, a lo largo de las décadas, el propio Ministerio del Interior — mediante circulares como la K.28.1 de 1991 y la Circular n.º 9 de 2011 — reconoció la validez de la doble ciudadanía por nacimiento y la no aplicación del artículo 12 en estos casos.
Marco Mellone observa que la audiencia podría tener lugar aún en 2025, pero aclara que la convocatoria depende de la decisión de la Presidencia de la Corte Suprema. Recuerda que las últimas veces en que las Sezioni Unite analizaron cuestiones de ciudadanía fueron en 2009 (ciudadanía por vía materna) y en 2022 (gran naturalización). Y concluye: “Las decisiones de las Sezioni Unite son casi siempre adoptadas por todos los jueces nacionales y pueden incluso llevar al Ministerio del Interior a modificar la circular n.º 43347 del 3 de octubre de 2024.”
